Análisis del derecho fundamental de contar con un juicio justo en México

Abstract

El presente trabajo es un estudio del derecho fundamental a gozar de un juicio justo reconocido tanto en el ámbito internacional como en nuestro sistema legal. Éste es uno de los derechos principales que se deben garantizar efectivamente en toda democracia y Estado de Derecho. El derecho está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros, de los que México es parte. En nuestro sistema jurídico se incluye en los artículos 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este derecho no se compone de la enumeración de ciertas garantías o protecciones procesales. Es en realidad un bien jurídico común que se expresa como un cierto estándar de justicia. Sostenemos que entendido de esta forma, hay evidencia de que este derecho no se garantiza efectiva y sistemáticamente en México. El Estado está obligado a garantizarlo. El problema no es su reconocimiento en la Constitución y en las leyes, sino su efectiva aplicación. Es un problema de instituciones y de su correcto funcionamiento.

We analyze in this paper the right to a fair criminal trial according to the due process of law principle enshrined in international law and as it is established under Mexican Law. This is a fundamental right that any democracy and rule of law government must effectively guarantee. This right is recognized in the Universal Human Rights Declaration, the International Covenant on Civil and Political Rights and in the American Convention on Human Rights. Mexico is a party to the latter treaties. In the Mexican legal system it is recognized in Articles 14, 16, 19 and 20 of the Constitution. This right is not a simple enumeration of specific procedural guarantees or protections. It is, in fact, a single legal institution that expresses itself as a standard of justice. We submit that understood in this way, there is evidence that indicates that the right is not systematically and effectively guaranteed in the Mexican legal system. The Mexican State has an obligation to ensure the effective application of this right. The problem is not about its recognition in statutes, but in its effective application. It is a problem of institutions and of its adequate operation.