La Suprema Corte y el obsoleto sistema de jurisprudencia constitucional

Abstract

Recientemente en nuestro país, dos reformas constitucionales de gran calado —la reforma en derechos humanos y la reforma al juicio de amparo—, así como la dirección emprendida por la Suprema Corte con motivo del inicio de la Décima Época jurisprudencial, sugieren que nuestro máximo tribunal está pasando de un modelo de “legislador negativo” a uno centrado en la protección de los derechos fundamentales. El argumento central de este trabajo es que esta tarea que se ha propuesto la Corte enfrenta un gran obstáculo: la manera como la Suprema Corte y los tribunales federales definen y publican la jurisprudencia constitucional que vincula a todos los jueces del país. Nuestro sistema de jurisprudencia hace que los jueces y los litigantes se enfrenten a un conjunto de criterios judiciales dispersos y fragmentados. No existen principios comunes que entrelacen las decisiones constitucionales, pues las tesis jurisprudenciales siempre se desvinculan de los razonamientos de las sentencias de las que emanan. Mientras que ello sea así, los ministros tendrán serias dificultades para dotar de contenido a los preceptos materiales de la Constitución como son aquellos que establecen derechos fundamentales. Con ello, su capacidad transformadora de una cultura jurídica autoritaria y su impacto social estarán seriamente mermados. Para demostrar lo anterior, voy a contrastar el funcionamiento del sistema de precedentes constitucionales de la Corte Suprema norteamericana con el sistema de jurisprudencia constitucional de nuestra Suprema Corte y, a partir de este contraste, analizaré los principales problemas que tiene nuestro sistema para desarrollar el alcance y sentido de los derechos fundamentales.

Both two important recent constitutional amendments in Mexico —to human rights and the constitutional guarantee of protection to individuals known as amparo— and the objectives set out by the Supreme Court when initiating the tenth judicial period, suggest that Mexico’s highest court is shifting from the model of the “negative lawmaker” to one focused on protection of civil rights. The central argument of this paper is that in taking on this task the Supreme Court faces a major obstacle: the way in which both this institution and the federal circuit courts define and publish the constitutional precedents o that bind all judges in the country. As a result, judges and attorneys must deal with dispersed and fragmented legal criteria. There are no common principles that link constitutional decisions because published precedents do not include the reasoning behind the original sentences. As long as this situation continues, justices will face serious difficulties in establishing clear constitutional precedents on civil rights. Failing to change the way in which precedents are published will seriously undermine attempts to transform an authoritarian legal culture and to have a positive social impact. To substantiate this argument, I will contrast the systems of constitutional precedents of the Supreme Courts of Mexico and the United States and then analyze the main problems faced by the Mexican judicial system in developing the meaning and scope of human rights legislation.