¿El ejército como policía? correlación de la confianza pública en la policía, el sistema judicial y los militares: México en un contexto comparativo

Abstract

Las respuestas más comunes al escalamiento percibido del crimen con violencia a través de la mayor parte de América Latina son el aumento del tamaño y los poderes de la policía local y —en la mayoría de los casos incrementar— la participación de las fuerzas armadas para confrontar canto al crimen común como al organizado. La participación de las fuerzas armadas en la vigilancia doméstica, a su vez, ha generado debates en varios países acerca de los grandes riesgos incurridos, especialmente respecto a violaciones de los derechos humanos. En México el debate se ha visto agudizado por la extensa violencia vinculada a los conflictos entre organizaciones de narcotráfico y entre éstas y las fuerzas de seguridad del gobierno, en las cuales el ejército y la marina han desempeñado papeles importantes. Con base en la World Values Survey y datos del Barómetro de las Américas, examinamos tendencias de la confianza pública en la policía, el sistema judicial y las fuerzas armadas en México entre I990 y 2010. A partir de la encuesta LAPOP 2010 de la Universidad de Vanderbilt comparamos niveles de confianza pública en varios actores sociales, políticos y de gobierno, colocando a México en el más extenso contexto de América Latina. Esta encuesta también plantea preguntas acerca de lo apropiado de la actuación militar como policía doméstica en la lucha contra el crimen. Aquí preguntamos: ¿Está difundido y generalizado a través de la muestra el apoyo público para emplear a los militares como policías? ¿O existen patrones de apoyo y oposición respecto a la opinión pública? Nuestros hallazgos principales fueron: 1) que las fuerzas armadas clasificaron en primer tugar en relación con la confianza, mientras que la confianza en otras instituciones mexicanas tuvo una tendencia negativa entre 2008 y 2010, además la confianza en los militares aumentó ligeramente; 2) los encuestados respondieron que los militares respetan los derechos humanos más que el promedio y sustancialmente más que la policía o el gobierno en general; 3) el apoyo público para los militares en la lucha contra el crimen es fuerte y está distribuido de manera equitativa a través del espectro ideológico y de los grupos sociodemográficos, y 4) los patrones de apoyo surgen con mayor claridad respecto a percepciones, actitudes y juicios de desempeño. A modo de conclusión consideramos algunas de las implicaciones políticas y de política de nuestros hallazgos.

Typical responses to the perceived escalation of violent crime throughout most of Latin America are to increase the size and powers of the regular police and —in most cases— to expand the involvement by the armed forces to confront both common and organized crime. Participation by the armed forces in domestic policing, in turn, has sparked debates in several countries about the serious risks incurred, especially with respect to human rights violations. In México the debate is sharpened by the extensive violence linked to conflicts among drug-trafficking organizations and between these and the govermment's security forces. in which the Army and Navy have played Ieading roles. Using World Values Survey and Americas Barometer data, we examine trends in public confidence in the police, justice system, and armed forces in México over 1990-2010. Using Vanderbilt University's 2010 LAPOP survey we compare levels of trust in varios social, political, and government actors, locating México in che broader Latin America context. That survey also poses questions about the appropriateness of the military acting as domestic police in fighting crime. Here we ask: Is public support for using the military as police widespread and generalized across the sample? Or are there panterns of support and opposition with respect to public opinion. Our main findings are that 1) the armed forces rank at the top regarding trust, and —while trust in other Mexican institutions tended to decline in 2008-2010— trust in the military increased slightly; 2) respondents indicate that the military respects human rights more than the average and substantially more than the police or government generally; 3) public support for the military in fighting crime is strong and distributed evenly across the ideological spectrum and across socio-demographic groups, and 4) patterns of support emerge more clearly with respect to perceptions, attitudes, and performance judgments. By way of conclusion we consider some of the political and policy implications of our findings.