La institucionalización de la evaluación de políticas públicas en el nivel subnacional de México: el caso de Durango, México

Abstract

La evaluación de políticas públicas es una función que se considera axiomáticamente buena y que vale la pena impulsar; tanto, que la evaluación es ya un mandato constitucional para todo el país. En el nivel subnacional de México, cada entidad federativa ha respondido a la atención del mandato por medio del ordenamiento de sus propias capacidades y la creación de estructuras en el sector público. Este trabajo de investigación tiene el objetivo de caracterizar los elementos y factores que intervienen en la institucionalización de la evaluación en el nivel subnacional de México. Especialmente, esta investigación se concentra en la situación que guarda la función de evaluación en el estado de Durango. La evaluación, como actividad que pretende activar procesos de mejora en las políticas, y de aprendizaje en las organizaciones, requiere de otras condiciones ecológicas y contextuales subyacentes, más allá de la existencia de una instancia dedicada a la evaluación. Esta investigación propone un marco de análisis para caracterizar los factores que juegan a favor de la institucionalización de la evaluación en dos dimensiones: capacidad para hacer evaluaciones y capacidad para usarlas y entres niveles: alto, mediano y bajo. Por la capacidad de hacer evaluaciones, el estado de Durango cuenta con un organismo constitucional autónomo encargado de realizar evaluaciones, que se encuentra habilitado por un marco jurídico comprehensivo. Existen medianas capacidades para desarrollar evaluaciones bajo un paradigma pragmático. El fomento a la cultura de la evaluación transita lentamente debido a la poca presencia de los productos de evaluación en la agenda de decisión de los funcionarios públicos de Durango. Por la capacidad de usar evaluaciones, las características programáticas en las entidades federativas que se financian con transferencias federales hacen más proclives el desarrollo de evaluaciones relacionadas con la implementación de políticas. Con todo, en Durango persiste una baja estabilidad en el régimen de políticas y una débil capacidad burocrática para sostener la demanda por información del desempeño, derivada de la evaluación. El resto de las entidades federativas pueden aprender del caso de Durango para entender qué factores subyacentes deben preverse a la hora de propiciar mecanismos para institucionalizar la evaluación y convertirla en una actividad que se valora con cierta permanencia.

Public policy evaluation is a function that is regarded as axiomatically good, and it is worth its fostering; to the degree that evaluation itself is now a constitutional mandate throughout the country. At the subnational level in Mexico, each state has responded to this mandate by setting its own capacities and creating new structures in the public sector. This investigation aims to characterize the elements and factors intervening in the institutionalization of evaluation in the subnational level in Mexico. Particularly, this investigation concentrates on the case of evaluation in the state of Durango. Evaluation, as an activity that pretends to activate processes for policy improvement and organizational learning, requires other ecological and contextual underlying conditions, beyond the mere existence of an institution dedicated to evaluation. This investigation proposes a framework to characterize the very factors that encourage the institutionalization of evaluation in two dimensions: capacity to do evaluations and capacity to use them, among three levels: high, medium, and low. For the capacity to do evaluations, the state of Durango has a constitutional autonomous body in charge of doing evaluations, enabled by a sound legal framework. There are medium capacities to develop evaluations under a pragmatic paradigm. The fostering of a culture of evaluation performs slowly due to the low presence of evaluation outputs in the decision-making agenda of public servants in Durango. As for the capacity to use evaluations, the programmatic characteristics that prevail in Mexican states, which are funded by federal transfers, make them more prone to certain type of evaluations, such as those related to policy implementation. In all, there is a low stability in the policy regime and a weak bureaucratic capacity in Durango to sustain a consistent demand for performance information that comes from evaluation. Other Mexican states can learn from the case of Durango to understand which underlying factors have to be accounted for in order to encourage mechanisms to institutionalize policy evaluation and transform it into an activity that is valued sustainably.