El poder sin responsabilidad: una crítica a la autoprivatización como forma de inmunidad pública

Abstract

El tema de la desigualdad en México ha encabezado distintos debates que giran en torno a las posibles opciones para reducirla. En el presente trabajo, considero que la solución va más allá de reformas fiscales y subsidios económicos, pues los servicios públicos básicos —como agua potable, drenaje, alumbrado público, etc.— y aquellos servicios bajo demanda —como el transporte, la educación y el sistema de salud— son ineficientes o incluso inexistentes en algunas partes de México. La deficiencia del sistema público es un reflejo del estatus social diferenciado que existe entre gobernantes y gobernados, pues a diferencia de la mayoría de la población, los gobernantes gozan de alternativas distintas a las de los servicios públicos para satisfacer sus demandas. En ese sentido, el presente trabajo normativo busca responder las siguientes preguntas: Asumiendo que aquellos actores con algún tipo de influencia sobre la agenda política —y, por lo tanto, sobre la vida de los demás miembros de una comunidad— tienen el deber moral de no autoprivatizarse, ¿es normativamente aceptable obligarlos a consumir los bienes del Estado, como lo plantea López-Guerra? De no ser así, ¿cuál es el deber moral de estos actores con respecto a su comunidad en lo que se refiere al desempeño de los servicios públicos?