El combate a la trata de personas en México: análisis de las acciones federales y estatales

Abstract

La trata de personas en México es el segundo delito, después del narcotráfico, que más ganancias genera. Cada año, cientos de mujeres, hombres y niños son víctimas del delito, que puede responder a características de crimen organizado o funcionar bajo células familiares. En respuesta al mecanismo internacional para eliminar el delito—el Protocolo de Palermo—el gobierno mexicano implementó la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos de Trata de Personas y para Proteger y Asistir a Víctimas de los Delitos. Debido al carácter general, la Ley es de aplicación obligatoria para las autoridades federales; sin embargo, para los gobiernos estatales y locales es un “piso mínimo” que posibilita la creación de más y mejores mecanismos para combatir la trata de personas. A través de la Comisión Intersecretarial—conformada por autoridades federales—la coordinación se vuelve un eje central para el combate del delito. Desafortunadamente, la alta incidencia del delito y la baja sanción del mismo parecen mostrar una mala aplicación de la norma. Ante ello, ¿qué explica estas diferencias en la aplicación de la ley?