¿Cuánto cuesta vigilar al gobierno federal?

Abstract

El costo de asegurarnos que el ejercicio del gobierno corresponde con los principios de la democracia liberal debe incluir no sólo el costo de los votos y los partidos, sino también el costo de las instituciones que, en un proceso lento pero continuo, se han ido construyendo para asegurar que el gobierno represente los intereses sociales, respete los derechos básicos de los ciudadanos y no abuse del poder. Este trabajo presenta un diagnóstico preliminar del costo presupuestal de las instituciones encargadas de la rendición de cuentas en México. El texto ofrece un análisis detallado de los componentes y de la evolución de dicho costo en los últimos años. Además, se presentan datos que permiten evaluar la transparencia presupuestal de las instituciones mencionadas. El argumento central es que el Estado mexicano ha construido instituciones y ha invertido montos considerables para asegurar que el desempeño gubernamental se apegue al marco legal, respete derechos y libertades básicas y garantice el ejercicio correcto del dinero público. Al mismo tiempo, sin embargo, se identifican algunos focos rojos en materia de transparencia presupuestal y, sobre todo, en relación con la falta de indicadores de eficacia. También se explica cómo el gasto en este rubro sigue expuesto a consideraciones políticas que en poco contribuyen a dar certeza y estabilidad a las instituciones encargadas de asegurar la rendición de cuentas.

The cost of making sure that government performance follows the principles of liberal democracy must include not only the costs associated with voting and political parties, but also the cost of those institutions that, in a slow but continuous process, have been built to compel the Mexican government to represent social demands, to respect basic human rights, and to prevent abuses of power. This paper presents a preliminary diagnosis of the budgetary cost of the institutions in charge of promoting governmental accountability in Mexico. The text provides a detailed analysis of the components and the evolution of these costs during the last years. In addition, we also provide evidence to assess the budgetary transparency of those institutions. Our central argument is that the Mexican State has invested significant amounts of public money in making sure that the government abides to the rule of law, respects human rights and liberties, and promotes good budgetary practices. Nevertheless, we also identify some sources of concern regarding budgetary transparency and the lack of effectiveness indicators.