Agricultural policy and rural: poverty in Mexico

Abstract

Agriculture and rural development policies in Mexico have experienced a profound reform process over the last two decades, including the ejido reform of 1992, the liberalisation of agricultural markets under the North American Free Trade Agreement (Nafta, between 1994 to 2008), and the introduction of new instruments of agricultural support (Procampo, Aserca, Alianza para el Campo) and rural poverty alleviation (Progresa/Oportunidades, FAIS, PET). The study presents an assessment of these reforms, focusing on the allocation and distribution of public resources, and their impact on rural poverty. First, though average public expenditure in agricultural support and rural development in Mexico is modest by OECD standards, it is among the highest in the LAC region, relative to both agricultural GDP and other public spending demands. Second, a strong urban bias in the allocation of public social spending in education, health and food programs prevalent up to the mid-nineties has been reversed, largely through the effect of Progresa/Oportunidades. Third, in contrast, the principal output and input agricultural support programs, like the older price support mechanisms, have proved to be both ineffective in transforming Mexican agriculture and highly inequitable. The benefits of these programs are overwhelmingly concentrated on a small fraction of agricultural producers in the rich northern agricultural states, at the top extreme of the rural and national income distributions, failing to reach the poorer and vulnerable producers. Even in the case of Procampo, the one program reaching subsistence farmers, 23% of transfers are concentrated in only 2.6% of producers in the top national income decile. With the latter exception, agricultural subsidies are more regressive even than the rural income distribution, thus aggravating, rather than reducing original, asset-based inequality in Mexico.

Las políticas agrícolas y el desarrollo rural en México han experimentado un profundo proceso de reforma en las últimas dos décadas, incluyendo la reforma del ejido de 1992, la liberalización de los mercados agrícolas bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, entre 1994 y 2008), y la introducción de nuevos instrumentos de apoyo agrícola (Procampo, Aserca, Alianza para el Campo) y alivio de la pobreza rural (Progresa/Oportunidades, FAIS, PET). Este estudio presenta una evaluación de estas reformas, enfocada a la asignación y distribución del gasto público y su impacto en la pobreza rural. Primero, aunque el gasto público en subsidios agrícolas y el desarrollo rural en México es modesto en el contexto de la OCDE, resulta que es de los más altos dentro de la región de LAC en relación al PIB agrícola y a otras demandas del gasto público. Segundo, se ha revertido un fuerte sesgo urbano en el gasto social en educación, salud y apoyos alimentarios, prevaleciente hasta mediados de los noventa, principalmente por el efecto de Progresa/Oportunidades. Tercero, en contraste, los principales subsidios a la producción e insumos agrícolas como los mecanismos de apoyos vía precios del pasado, han demostrado ser inefectivos para la transformación de la agricultura en México y extremadamente inequitativos. Los beneficios de estos programas se concentran en una fracción pequeña de productores agrícolas en los estados más ricos del norte del país, en el extremo superior de la distribución del ingreso rural y nacional, sin alcanzar a los productores más pobres y vulnerables. Aun en el caso de Procampo, el único programa que logra llegar a los campesinos de subsistencia, 23% de las transferencias se concentran en sólo 2.6% de los productores, en el decil más rico de la distribución nacional. Con la excepción anterior, los subsidios agrícolas son más regresivos que la distribución del ingreso rural, por lo que agravan, en vez de reducir, la desigualdad original basada en activos en México.