La configuración jurisprudencial de los derechos fundamentales: el caso del derecho constitucional a una "defensa adecuada"

Abstract

Ante la evidencia de una clara ineficacia de los derechos del acusado y de la víctima en los procesos penales en el país, el artículo cuestiona el quehacer de la Suprema Corte y los Tribunales Colegiados de Circuito para modificar las prácticas autoritarias que han caracterizado la labor de ministerios públicos y jueces penales por muchos años. Para encontrar alguna respuesta, se analiza la construcción jurisprudencial del derecho constitucional del inculpado a contar con una “adecuada defensa” (artículo 20 fracciones IX y X de la Constitución). Ello se lleva a cabo de dos maneras. En primer término, se analiza, con los datos estadísticos disponibles, el nivel de eficacia del derecho a la defensa en las agencias del ministerio público y los juzgados penales, para concluir que dicho derecho es sistemáticamente ineficaz. En la segunda parte, se lleva a cabo un estudio de carácter cuantitativo y cualitativo de las tesis aisladas y jurisprudenciales de la Novena Época en esta materia. Dicho estudio nos permite concluir que la jurisprudencia constitucional en torno al derecho a una defensa adecuada tiene tres problemas centrales: 1) la ausencia de razonamientos sustantivos que se hagan cargo de los valores constitucionales que subyacen al derecho a la defensa, 2) la inexistencia de un razonamiento concatenado entre las distintas jurisprudencias, y 3) la ausencia de costos o consecuencias legales en el proceso producto de la mala calidad de la defensa. Todo ello explica por qué el derecho a la defensa es sistemáticamente ineficaz.Estos tres problemas de la jurisprudencia constitucional nos indican que, a pesar de los cambios políticos en el país, continúan prevaleciendo, en la mentalidad de los jueces federales, concepciones propias de jueces que operaron en un sistema autoritario. Las nuevas coordenadas democráticas del país no han impactado de forma cabal la manera como estos jueces conciben su papel y su función. Este es el mayor desafío que tiene enfrente el Poder Judicial federal. No hay nada más difícil de lograr, en términos de una reforma judicial, que modificar la mentalidad de los jueces y el método para argumentar sus decisiones. Esta es una de las grandes asignaturas pendientes de la democracia mexicana.

As a response to the evidence of inefficiency of the constitutional rights of the defendant and the victim in the criminal process in the country, this article questions the task of the Supreme Court and the Federal Circuit Courts to modify the authoritarian practices that have characterized the labors of the public prosecutor and criminal judges for several years. In order to find an answer, it is analyzed the constitutional precedents of the constitutional right to a “due defense” (article 20 fractions IX and X of the Constitution). These are carried out in two ways. In fist term, it is analyzed, with the available statistics data, the level of efficiency of the right to a defense in the agency of the public prosecutor and in the criminal courts, in order to conclude that this right is systematically ineffective. In the second part, it is carried out a quantitative and qualitative study of precedents and jurisprudence. This study allows us to conclude that precedents of the Supreme Court and the Federal Circuit Courts about this right have three central problems: 1) the absence of substantive reasoning in charge of the constitutional values of the defense right, 2) the nonexistence of a reasoning that joins the different precedents and 3) the absence of costs or legal consequences in the process as a product of a poor quality of the defense. All these explain why the right to the defense is systematically ineffective. These three problems of the jurisprudence indicate that, despite of the political changes in the country, it still prevails in the mind of the federal judges the conceptions of judges who operated in an authoritarian system. The new democratic coordinates in the country have not impacted the way these judges conceive their paper and function. This is the greatest challenge of the Federal Judicial Power. There is nothing more difficult to obtain, in terms of a judicial reform, than to modify the mentality of the judges and the method to argue their decisions. This is one of the grand pending subjects of the Mexican democracy.