La depuración de las corporaciones policiacas y el juicio de amparo

Abstract

Desde principios de los años noventa se ha tratado de depurar a las corporaciones policiales de sus malos elementos. Esta estrategia ha enfrentado el problema de que los policías despedidos se amparan y pueden ser reinstalados con todo y salarios caídos. El gobierno de Ernesto Zedillo buscó eliminar esto con una iniciativa de reformas constitucionales. Sin embargo, cómo fue modificada esta reforma por el Constituyente Permanente y cómo fue interpretada por la Suprema Corte llevó a que los policías se siguieran amparando y ganando la reinstalación. En 2007, el gobierno de Calderón volvió a mandar una iniciativa de reforma constitucional para evitar la reinstalación de policías, la cual fue aprobada en junio de 2008. La primera parte de este documento analizará los antecedentes y el contenido de la iniciativa del gobierno de Zedillo, así como el conflicto de tesis jurisprudenciales con respecto al sentido de dicha reforma constitucional y la resolución que dio la Corte a dicho conflicto, la cual abrió la puerta a la reinstalación de los policías amparados. La segunda parte utiliza el ejemplo de Colombia para mostrar cómo se puede distinguir entre la depuración de emergencia del despido ordinario. También analizamos la decisión de la Corte Constitucional colombiana relativa a la acción de inconstitucionalidad que impugnaba la validez de las normas que sustentaban el proceso de depuración policial. Esta sentencia contrasta con la lógica de las sentencias de nuestra Suprema Corte. En México va a ser necesario un poder judicial que acierte en lo que significa la función de control constitucional en una democracia. Esto implica preocuparse no sólo por los derechos de los policías, sino también por los del ciudadano quien sufre una policía en la que no confía, y por el margen de operación de un gobierno que enfrenta una emergencia en los cuerpos de seguridad infiltrados por el crimen organizado.

From the early nineties, there has been an effort to clean police forces. This strategy has confronted the problem that those policemen that had been fired seek the protection of justice, obliging the government to hire them again and to pay them due salaries. The government of Zedillo sought to eliminate this problem through a Constitutional reform. However, the way this reform was modified by Congress, plus the way it was interpreted by the Supreme Court allowed policemen to continue seeking the protection of justice and winning the right to be rehired. In 2007, the government of Calderón sent again a Constitutional reform to prohibit the rehiring of policemen. This reform was approved in June 2008. The first section of this document analyses the origins and content of Zedillo´s proposal of Constitutional reform, the conflicting interpretation of this reform given by different courts and the way the Supreme Court solved this conflicting interpretation, opening the door the obliged the government to rehire fired policemen to pay their due wages. The second part uses the Colombian case to show how a process of depuration can distinguish between a law for the moment of emergency and the ordinary administration of the system. We also analyze the decision of the Constitutional Court with respect to the judicial review that sought to invalidate the rules the governed the process of depuration of the police forces. This decision contrasts with the logic of the decision of our Supreme Court. Mexico will need a Judicial Power that understands what judicial review means in a democracy. This implies to consider not only the rights of policemen, but also the rights of citizens that suffer police forces they cannot trust and the capacity of the government to confront the emergency of cleaning police forces infiltrated by organized crime.