Procuración de justicia en las entidades federativas: la eficacia del gasto fiscal de las procuradurías estatales

Abstract

En el presente trabajo analizamos el servicio de procuración de justicia en las entidades federativas de los Estados Unidos de México. A partir de este trabajo se puede comprender cabalmente qué entidades federativas prestan un eficiente, eficaz y efectivo servicio de procuración de justicia a sus ciudadanos. La muestra del estudio se compone de los datos de 14 entidades federativas que representan más de 60% de la población nacional, abarcando un periodo de cuatro años (de 2003 a 2006 inclusive). Para la realización de este estudio se utilizó información pública a la que puede accederse a través de internet. Los hallazgos generales más relevantes que obtuvimos del trabajo son tres. En primer lugar, las entidades federativas en general son relativamente “eficaces”, pero son extremadamente ineficientes y escasamente efectivas. Esto quiere decir que utilizan demasiados recursos para realizar las tareas burocráticas del servicio de procuración de justicia y que, si bien obtienen resultados burocráticos, no cumplen con el objetivo de reducir el delito. El segundo hallazgo es que para la gran mayoría de las entidades federativas no hay economías de escala, ni reducción de costos marginales en la provisión de este servicio. Esto significa que todos los gastos presupuestarios adicionales en este rubro no mejoran la productividad de las procuradurías. Finalmente el tercer hallazgo, estrechamente vinculado con el anterior, es el hecho de que para el año en que conseguimos más información (el último de la muestra, 2006) entre 75 y 90% del gasto en procuración de justicia a nivel subnacional se destina a pagar los salarios de los agentes públicos.

This paper analyzes the criminal prosecution spending at the state level in México. We search for a comprehensive understanding of which states are efficient, effective and effectual. We have collected data for four years (2003-2006) and created a sample of 14 states that represent 60% of the country´s population. This paper uses public information that can be downloaded from the internet. We draw three important findings from this research. First, states are relatively effectual in criminal prosecution (good ratio of prosecutions and convictions), but extremely inefficient and barely effective. This implies that they use too many resources to run the bureacracy of District Attorneys offices, however, they do not meet the goal of reducing crime. Second, for the vast majority of states there are no economies of scale, nor reduction of marginal costs in their criminal prosecution offices. This means that all additional budgetary spending does not produces improvements in terms of productivity. Finally, and linked to the previous one, our third finding shows that for the year we have the richer data (2006), between 75 and 90% of the criminal prosecution spending at the state level was allocated to the bureacracies´wage and salaries.