dc.description.abstract | Los mercados están enfrentando un proceso de estatización. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (por sus siglas en inglés, OCDE) señala que un 22% de las firmas más grandes del mundo se encuentran bajo control estatal, lo cual representa el porcentaje más alto en décadas. Particularmente, el sector de las telecomunicaciones en México enfrenta dicho fenómeno. La reforma constitucional en materia de telecomunicaciones de 2013 constituye una reforma pro estatista para el sector, en lo que parece ser el regreso del Estado en la conducción de una parte de la vida económica del país. Tales concepciones se aprecian en el proyecto Red Compartida, una asociación público-privada con la finalidad de otorgar cobertura de servicios móviles al 92.2% de la población para el año dos mil veinticuatro. Para lo anterior, la Red Compartida ha sido provista de diversas facilidades por parte del Estado en un ámbito de desigualdad frente a los operadores existentes. Lo anterior, preocupa en la medida que las actividades comerciales del gobierno podrían dañar el ambiente de competencia, debido a la falta de neutralidad del Estado, pues la teoría sugiere que cuando los agentes económicos son puestos en desventaja, los bienes y servicios dejan de ser producidos por aquellos que puedan hacerlo de manera más eficiente. Ahora bien, considerando que la Red Compartida atiende a fines de política pública que no podrían ser revalorados dado el contexto político actual, este documento sugiere la generación de reglas de neutralidad competitiva, que permitan al Estado verificar el cumplimiento de los fines propuestos, a través del establecimiento de órganos de gobierno corporativo en la Red Compartida, con participación del regulado. |