La regulación de los impactos sociales en la reforma energética de 2013 y la licencia social para operar como medida complementaria al marco institucional vigente

Abstract

El 20 de diciembre de 2013 se promulgó la Reforma Constitucional en materia de energía y con ella se reestructuró la organización y regulación del sector. La seguridad energética, la eficiencia productiva y económica, la sustentabilidad ambiental de la industria energética, entre otras variables insertas en el nuevo funcionamiento de ésta, ya no dependerán exclusivamente de Petróleos Mexicanos, ni de la Comisión Federal de Electricidad Éstas –bajo su nueva denominación de Empresas Productivas del Estado– están ahora obligadas a confluir en un régimen de competencia con empresas privadas y públicas, nacionales y extranjeras. El funcionamiento y desarrollo del nuevo régimen de competencia en el sector energético mexicano estará relacionado con la capacidad de los actores entrantes para contemplar en sus planes no sólo aristas de índole económico y político, sino también social y ambiental. Es decir, resulta importante que los nuevos agentes que participen en el sector, busquen y logren vincular sus objetivos económicos con los sociales, de manera congruente con la transición hacia un nuevo modelo institucional y organizacional. En este sentido, el presente proyecto de investigación se aboca al estudio de la regulación de los impactos sociales generados por los proyectos de infraestructura energética. Se afirma que, para que México pueda desarrollar su potencial energético sin que este se vea obstaculizado por conflictos de índole social, se requiere que las desarrolladoras públicas y privadas, logren internalizar los impactos sociales y forjar una relación sostenible y duradera durante la vida operacional de un proyecto con las comunidades o grupos de interés afectados con la implementación del mismo. Por ende se propone que, a pesar del cambio sustancial que supuso la Reforma Energética en la regulación de impactos sociales, las desarrolladoras de proyectos de infraestructura energética “vallan más allá” del marco legal vigente y adopten las prácticas internacionales comúnmente aceptadas a través de la “Licencia Social para Operar”.