Preferencias reveladas de los proveedores de educación privada en Chile: el caso de la Ley de Subvención Escolar Preferencial

Abstract

En el año 2008, el Congreso Chileno promulgó la Ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP). La Ley SEP reconoce que es más costoso educar a los estudiantes más vulnerables, e introduce un sistema de financiamiento en el que el subsidio por estudiante varía según sus necesidades educativas. Este subsidio adicional está condicionado a un incremento en el papel del Ministerio de Educación, que debe monitorear y clasificar a las escuelas de acuerdo con el desempeño académico de sus estudiantes y hacerlas responsables por sus resultados. La Ley SEP también prohíbe a las escuelas participantes el uso de entrevistas con los padres y las pruebas de admisión para seleccionar y expulsar a los alumnos. Aquí se analizan los costos y beneficios de participar en el programa SEP y se encuentra que, mientras la mayoría de las escuelas públicas participa, casi 40 por ciento de las escuelas privadas subvencionadas deciden no recibir el financiamiento adicional de la SEP. Además, se encuentra que, mientras los establecimientos privados subvencionados más aventajados deciden no participar porque los beneficios de recibir los fondos adicionales no compensan los costos de tener que cumplir con los requisitos de no selección que introduce la SEP, otros establecimientos no cuentan con la capacidad o el apoyo técnico para cumplir con las metas académicas que exige el programa. Nuestros resultados dan luces acerca de algunos de los desafíos pendientes de la Ley SEP y del sistema educativo chileno en general.

In 2008, the Chilean legislature enacted the Adjusted Voucher Law (SEP). The SEP law recognizes that it is more costly to educate disadvantaged students by introducing a system of weighted student funding by which the amount of the per-pupil voucher differs with the educational needs of the student. The additional per-pupil voucher is tied to an increased role of the Ministry of Education in monitoring and classifying schools based on student performance and holding them accountable for their outcomes. The SEP law also forbids participating schools from using parental interviews and admissions tests to select and expel students. In this paper, we analyze the costs and benefits of participating in the SEP program and find that, while most public schools participate, almost 40 per cent of private voucher schools choose not to receive the additional SEP funding. We find that while more advantaged private vouchers schools choose not to participate because the benefits of receiving the additional funds often do not outweigh the costs of having to comply with the SEP non-selection requirements, other schools lack the capacity or access to technical support to be able to meet the program’s academic goals. Our findings shed light on some of the shortcomings of the SEP program and Chile’s educational system in general.