Los daños punitivos en México y su efecto disuasorio

Abstract

Desde 2014, la Suprema Corte de Justicia de la Nación importó una figura innovadora al sistema jurídico mexicano: los daños punitivos. Esta decisión causó gran revuelo dentro de la comunidad jurídica. Si bien en un inicio pretendió brindar soluciones definitivas, actualmente genera dudas y desconfianza. El trasplante jurídico de los daños punitivos resulta conflictivo porque las sentencias que ha emitido la Suprema Corte carecen de una línea argumentativa coherente entre sí. Hasta el momento no se han establecido los elementos que deben considerarse para su procedencia ni los criterios para su cuantificación. A partir del análisis Económico del Derecho (AED) este trabajo estudia el efecto disuasorio característico de los daños punitivos. Como parámetro comparativo se utilizó a los “punitive damages” de Estados Unidos, a partir de los cuales se realizo un ejercicio de derecho comparado para identificar los factores que distinguen su aplicación (jurado, Discovery y quantum) con los de México. A partir del análisis de tres sentencias emitidas por la Suprema Corte, en los casos Mayan Palace (2014), Albergue-varicela (2017) y Guardería 1133 (2020) se define que, si los daños punitivos continúan sin elementos claros para su otorgamiento y sin un criterio para su cuantificación, el efecto disuasorio de esta figura se ve afectado hacia las conductas futuras, pues no se sabe de manera cierta el costo de la conducta dañosa y no se generan incentivos suficientes para prevenir o evitar esas mismas conductas ya que nadie conoce los parámetros para condenarlos. Este texto apela a que, si la Suprema Corte emite parámetros que den certeza jurídica sobre los casos en los que existe posibilidad de aplicar daños punitivos, puede beneficiarse a la sociedad mexicana, pues estos daños buscan desincentivar conductas negligentes y, a través del rechazo social, mantener estándares legales y morales de debido cuidado.