Acceso a la justicia en Oaxaca y su expansión a través de los mecanismos alternativos de solución de controversias

Abstract

El acceso a la justicia es un derecho humano y una pieza fundamental para el desarrollo del estado de derecho. Asimismo, el PNUD considera que es un factor indispensable que contribuye a un entorno propicio para la mejora del desarrollo humano y la reducción de la pobreza. Esta organización sugiere que, “en ausencia de acceso a la justicia, todas las personas, pero en particular las personas pobres y marginadas, no pueden hacer oír su voz, ejercer sus derechos, desafiar la discriminación o exigir responsabilidades a los responsables de la toma de decisiones” (UNDP). En México existen marcos jurídicos que reconocen este derecho e instituciones que tienen atribuciones para facilitar a la ciudadanía el ejercicio del mismo. No obstante, reportes nacionales e internacionales dan cuenta del precario acceso a la justicia en México, lo que puede profundizarse cuando se analiza el estado del acceso a la justicia por entidad federativa. Algunos datos revelan que, de manera específica, el estado de Oaxaca presenta enormes retos para ejercer este derecho. Además, las características de sus instituciones, su organización interna y el marco jurídico de la administración e impartición de justicia reflejan un déficit al compararlo con otros estados, cuyas instituciones ya se sostienen en un marco jurídico más robusto que les ha permitido emprender políticas judiciales que faciliten el ejercicio de este derecho. El Congreso estatal y el Poder Judicial del Estado de Oaxaca (PJEO) deben llevar a cabo reformas legales y formular e implementar políticas que impulsen el acceso a la justicia, y una de estas es a través del uso de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC). Mantener el acceso a la justicia como hasta ahora, puede erosionar la confianza en el sistema de justicia, elevar la conflictividad social y profundizar las desigualdades entre los oaxaqueños.

Access to justice is a human right and a key element for the development of the rule of law. The UNDP considers that it is an essential factor that contributes for the improvement of human development and the reduction of poverty. This organization suggests that, “in the absence of access to justice, all people, but particularly the poor and marginalized, cannot make their voices heard, exercise their rights, challenge discrimination or hold decision makers accountable to its decisions”. In Mexico there are legal frameworks that recognize this right and institutions that make possible the exercise of it. However, national and international reports demonstrate the precarious access to justice in Mexico, which can be deepened according to the federal entity. Some data reveal that, specifically, the state of Oaxaca have enormous challenges to exercise this right. In addition, the characteristics of its institutions, its internal organization and the legal framework for the administration and acces of justice reflect a deficit when compared to other states, whose institutions are already supported by a more robust legal framework that has allowed them to undertake judicial policies that facilitate the exercise of this right. The state Congress and the Judiciary of the State of Oaxaca must carry out legal reforms and formulate and implement policies that promote access to justice, and one of these is through the use of alternative dispute resolution mechanisms. Maintaining access to justice like now can erode trust in the justice system, increase social conflict, and deepen inequalities among Oaxacans.