De la estadística a la calle: el derecho de acceso a la información ambiental y la implementación escalonada del Acuerdo de Escazú en México

Abstract

En un contexto de crisis climática y un intenso debate nacional alrededor de megaproyectos –como el controvertido Tren Maya–, las personas defensoras del territorio y del medio ambiente enfrentan un contexto violento sin precedentes. De acuerdo con cifras recientes, tan sólo en 2022, hubo un aumento de 82.4% en las agresiones relacionadas con conflictos ambientales con respecto a 2021. Desde hace dos años, México ratificó el Acuerdo de Escazú, el cual pretende garantizar, para todos los países de América Latina y el Caribe, los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en asuntos ambientales y acceso a la justicia ambiental. Sin embargo, en un entorno violento de implementación, ¿qué retos quedan por cumplir para que haya un acceso pleno a la información ambiental? ¿Cómo puede mejorar este acceso para incrementar la participación pública en la toma de decisiones ambientales y la eficiencia de los juicios ambientales? Mediante una división de tres capítulos, esta tesis pretende demostrar que, para cumplir los estándares del Acuerdo de Escazú, la información ambiental que genere el Estado mexicano debe organizarse de manera transparente en sistemas actualizados, publicarse activamente y adecuarse a las diferentes brechas que atraviesa la población mexicana. Esta generación proactiva de información es vital para mitigar las deficiencias que existen en la participación pública mexicana en temas ambientales, así como garantizar medios diversos de justicia ambiental, más allá de la vía jurisdiccional.