El gasto social en la Ley General de Desarrollo Social

Abstract

La Ley General de Desarrollo Social (LGDS), que entró en vigor en México el 21 de enero de 2004, dispone que el gasto social no pueda reducirse en términos reales respecto al del año fiscal anterior, que dicho gasto se eleve cuando menos en la misma proporción que lo previsto para el Producto Interno Bruto, y que también aumente, como mínimo, en el mismo porcentaje que el crecimiento de la población para al menos preservar el nivel existente del gasto social per cápita. Este trabajo examina las implicaciones y presenta propuestas de implementación de la nueva ley en lo referente a la definición del gasto social, a los criterios que fijan el nivel de dicho gasto y a las reglas de asignación del gasto que hagan operativos los criterios generales de equidad incluidos en la ley. En particular se responde a las siguientes preguntas: ¿Cuál es el margen de maniobra que permite la ley para especificar la determinación del nivel y distribución del gasto social? ¿Cómo podrían concretarse criterios de equidad en la asignación del gasto público con los elementos que brinda la ley? ¿Qué mecanismos serían los más eficientes financieramente para procurar la estabilidad del gasto social dentro del marco de la ley?

The General Law for Social Development (LGDS), which came into force in Mexico on the 21st of January 2004, specifies that social expenditure cannot be reduced in real terms with respect to the previous fiscal year, that this expenditure be increased in the same proportion as the expected growth of Gross Domestic Product, and that it also be increased, at a minimum, in the same percentage as population growth to maintain the existing level of social spending per capita. This paper considers the implications and presents implementation proposals of the new law with respect to the definition of social expenditure, the criteria used to fix the level of this expenditure and the allocation rules to make the general equity criteria included in the law operational. In particular, the following questions considered: What are the constraints set by the law on the level and distribution of social expenditure? How can the law be applied in the implementation of equity criteria for the allocation of social spending? What are the most efficient mechanisms to ensure stability in social expenditures within the framework of this law.