Cost sharing and conservation

Abstract

We use data from a Maryland farm survey and a selectivity model of whether cost share funding was awarded and coverage achieved with those practices to investigate adverse selection in conservation cost sharing. The estimated parameters suggest that cost share funds appear to have been directed preferentially toward farmers who exerted substantially less conservation effort than average after receiving cost share funds, so that cost share awards increased coverage by less than should have been expected. The voluntary nature of the program seems to have been at least partially responsible: Factors that made farmers more likely to apply for cost sharing also made them more likely to exert less than average conservation effort. Agency award allocation criteria may also have played a role. Agency award criteria also seem to have been flawed on environmental grounds, since cost sharing has not been directed preferentially toward water quality problems despite a stated government intention to use of cost sharing to protection water quality in the Chesapeake Bay from nutrients and sediment from agriculture.

Este trabajo analiza la existencia de selección adversa en programas que subsidian la adopción de prácticas de conservación en Maryland. El modelo usado incluye un sistema de dos ecuaciones: la primera modela el mecanismo de selección en la asignación del subsidio; la segunda modela la proporción de la granja que se encuentra bajo la práctica de conservación. Los resultados de la estimación sugieren que los subsidios parecen haber sido asignados preferentemente a agricultores que mostraron una propensión ex post a implementar medidas de conservación menor al promedio. Esta selección adversa ha provocado que el impacto de los programas de conservación bajo estudio haya sido menor al esperado. El hecho que la participación en estos programas sea voluntaria parece ser una de las razones que explican estos efectos: factores que incentivan la participación de los agricultores también reducen su propensión a implementar medidas de conservación a mayor escala en sus granjas. Adicionalmente, los criterios de asignación por parte de la agencia encargada de distribuir los subsidios parecen no haber ponderado adecuadamente factores ambientales relativos a las granjas, en particular aquellos relacionados con la reducción del impacto de actividades productivas sobre la calidad de los cuerpos de agua superficiales. Ello, a pesar de la intención explícita del gobierno estatal de usar los subsidios de conservación para reducir el flujo de nutrientes y sedimentos hacia la Bahía de Chesapeake.