Aplicaciones móviles de préstamos no reguladas en México: propuestas para prevenir abusos y la comisión de delitos

Abstract

Las aplicaciones móviles (apps) de préstamos no reguladas en México constituyen un problema en expansión, caracterizado por una combinación de prácticas crediticias abusivas y conductas delictivas. Entre las primeras se encuentran la exigencia de un anticipo para acceder al crédito y condiciones de financiamiento desproporcionadas; entre las segundas, destacan delitos como fraudes, amenazas, extorsiones y el uso indebido de datos personales. Estas plataformas se aprovechan de la limitada oferta de servicios financieros formales para captar a personas en situación de necesidad económica, a quienes ofrecen préstamos inmediatos sin evaluación crediticia, pero con tasas de interés elevadas y plazos de pago difíciles de cumplir. Frecuentemente, exigen permisos intrusivos sobre los dispositivos móviles, lo que les permite acceder a contactos, fotografías y otros datos personales, muchas veces sin que los usuarios comprendan plenamente el alcance de dicha autorización. Esta situación los deja expuestos a ciclos de endeudamiento y a prácticas coercitivas, como el acoso y la extorsión para forzar el pago. La ausencia de un marco regulatorio robusto agrava el problema, al dejar a los usuarios sin mecanismos efectivos de protección frente a estos abusos. Los hallazgos de este estudio indican que la proliferación de estas apps puede explicarse por factores estructurales como la exclusión financiera, la escasa educación financiera y el desconocimiento de alternativas seguras de financiamiento. Para abordar este fenómeno de manera efectiva, se propone una estrategia integral basada en tres ejes: primero, el fortalecimiento del marco normativo y la imposición de sanciones rigurosas (“sticks”) que inhiban la operación de plataformas ilegales; segundo, la implementación de incentivos (“carrots”) que promuevan el desarrollo y la adopción de soluciones crediticias formales, accesibles y confiables; y tercero, campañas de concientización y educación financiera (“sermons”) orientadas a informar a la ciudadanía sobre los riesgos asociados al uso de estas apps y a fomentar el uso responsable de productos financieros seguros. Para validar estas propuestas, se recurrió al “Policy Capacity Framework” (Marco de Capacidad para las Políticas Públicas), un enfoque que permite evaluar la capacidad del Estado para formular e implementar políticas públicas efectivas. Este marco analítico reveló que el problema también involucra deficiencias institucionales en las dimensiones analítica, operacional y política. Superar estas limitaciones requiere fortalecer las competencias técnicas para monitorear y analizar el fenómeno, mejorar los procesos y la coordinación interinstitucional, y dotar de legitimidad política a las acciones públicas en este ámbito. Incorporar este enfoque es clave para garantizar que las soluciones propuestas no solo sean pertinentes, sino también viables dentro del contexto mexicano. De forma complementaria, se determinó que resulta fundamental promover prácticas financieras responsables entre la población, con el fin de reducir la dependencia de opciones de crédito que comprometan su estabilidad económica y su seguridad personal. La implementación de las acciones recomendadas permitiría mitigar de manera significativa el impacto de estas plataformas ilegales sobre los usuarios. En contraste, la inacción provocaría la expansión del problema, con un número creciente de personas afectadas y una profundización de los esquemas de fraude, extorsión y abuso financiero. Esta dinámica no solo incrementaría la vulnerabilidad de los sectores más desatendidos, sino que también erosionaría la confianza en el sistema financiero formal y obstaculizaría los esfuerzos por construir una inclusión financiera segura, equitativa y sostenible.

Unregulated mobile loan applications in Mexico represent an expanding problem, characterized by a combination of abusive credit practices and criminal behaviors. Among the former are demands for upfront payments to access credit and disproportionate financing terms; among the latter, stand out crimes like fraud, threats, extortion, and misuse of personal data. These platforms exploit the limited availability of formal financial services to target individuals in economic distress, offering immediate loans without credit assessments but with high interest rates and repayment terms that are difficult to meet. They often require intrusive permissions on mobile devices, getting access to contacts, photos, and other personal data, frequently without users fully understanding the extent of such authorization. This situation leaves them vulnerable to debt cycles and coercive practices, such as harassment and extortion to enforce repayment. The absence of a solid regulatory framework exacerbates the problem, leaving users without effective protection mechanisms against these abuses. The findings of this study indicate that the proliferation of these apps can be explained by structural factors such as financial exclusion, limited financial education, and lack of awareness of secure financing alternatives. To address this phenomenon effectively, a comprehensive strategy is proposed, based on three pillars: first, strengthening the regulatory framework and imposing stringent sanctions ("sticks") to deter the operation of illegal platforms; second, implementing incentives ("carrots") to promote the development and adoption of formal, accessible, and reliable credit solutions; and third, awareness campaigns and financial education ("sermons") aimed at informing the public about the risks associated with using these apps and encouraging the responsible use of secure financial products. To validate these proposals, the "Policy Capacity Framework" was employed, an approach that assesses the State's ability to formulate and implement effective public policies. This analytical framework revealed that the problem also involves institutional deficiencies in analytical, operational, and political dimensions. Overcoming these limitations requires strengthening technical competencies to monitor and analyze the phenomenon, improving processes and interinstitutional coordination, and providing political legitimacy to public actions in this area. Incorporating this approach is key to ensuring that the proposed solutions are not only relevant but also feasible within the Mexican context. Additionally, it was determined that promoting responsible financial practices among the population is essential to reduce dependence on credit options that compromise their economic stability and personal security. Implementing the recommended actions would significantly mitigate the impact of these illegal platforms on users. In contrast, inaction would lead to the expansion of the problem, with an increasing number of affected individuals and a deepening of fraud, extortion, and financial abuse schemes. This dynamic would not only increase the vulnerability of the most underserved sectors but also erode trust in the formal financial system and hinder efforts to build safe, equitable, and sustainable financial inclusion.