Educación integral en sexualidad: el caso de la segunda fase de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente (ENAPEA) 2021-2024

Abstract

La Educación Integral en Sexualidad (EIS) es fundamental para el bienestar y desarrollo de niños, niñas y adolescentes (NNA), ya que les proporciona los conocimientos y habilidades necesarios para el pleno ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. En México, aunque está respaldada legalmente por el Artículo 3º Constitucional, la Ley General de Educación y la Ley General de Salud, su implementación enfrenta considerables desafíos. El país reporta una de las tasas de fecundidad adolescente más altas de la OCDE (77 nacimientos por cada mil adolescentes de 15 a 19 años), con alarmantes cifras de maternidad y abortos en menores de edad que subrayan la urgencia de fortalecer la EIS. De este contexto se desprende la pregunta que orientó esta investigación: ¿Cuáles son las principales acciones del Grupo de Trabajo sobre Educación Integral en Sexualidad y Capacitación (GTEISyC) que opera en el marco de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA) en su segunda fase que contribuyen en la política educativa en materia de educación integral en sexualidad? Mediante revisión documental y entrevistas, se analizaron sus estrategias y la coordinación interinstitucional para consolidar la EIS como política pública. Los hallazgos muestran avances relevantes en el plano normativo y curricular. Destaca la inclusión de contenidos de EIS en los planes de estudio de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) y en los libros de texto gratuitos, lo que favorece su integración gradual. El GTEISyC ha sido un mecanismo eficaz de articulación entre dependencias gubernamentales, instituciones académicas y organizaciones civiles, impulsando la formación docente y el desarrollo de programas especializados. Entre 2015 y 2023, la tasa específica de fecundidad adolescente disminuyó un 16.7% (de 72.4 a 60.3 nacimientos por cada mil adolescentes) esto, aunque no es atribuible únicamente al GTEISyC, sí es consistente con los beneficios de la EIS. No obstante, persisten obstáculos estructurales: la brecha entre el currículo y su aplicación efectiva en las aulas; la insuficiente formación y sensibilización del personal docente; resistencias culturales y tabúes sociales, especialmente en comunidades rurales y de alta marginación; así como la fragmentación de esfuerzos y la ausencia de un mensaje unificado adaptado a la diversidad de contextos. La falta de presupuesto específico es crítica: aunque el embarazo adolescente cuesta al país alrededor de 63 mil millones de pesos anuales, el presupuesto para salud materna, sexual y reproductiva se redujo 35.7% de 2022 a 2023. Finalmente, los indicadores de evaluación actuales son inconsistentes y no logran capturar la calidad ni el impacto real de la EIS en la vida de los NNA. En conclusión, este trabajo muestra que, si bien, México ha logrado avances importantes en la institucionalización de la EIS, es imperativo abordar estos desafíos estructurales. Para una implementación efectiva y sostenida, será necesario fortalecer la capacitación docente, asegurar un financiamiento adecuado, mejorar los sistemas de monitoreo y adaptar los contenidos a las diversas realidades del país. La EIS debe ser vista no solo como una obligación educativa, sino como una intervención de salud pública y una estrategia esencial para la equidad y los derechos humanos de las NNA del país.

Comprehensive Sexuality Education (CSE) is fundamental for the well-being and development of children and adolescents (NNA), as it provides them with the knowledge and skills to fully exercise their sexual and reproductive rights. In Mexico, while legally supported by constitutional and health legislation, its implementation faces significant challenges. With an adolescent fertility rate among the highest in the OECD—77 births per 1,000 adolescents aged 15-19—and alarming rates of motherhood and abortions among minors, the need to strengthen CSE is urgent. This research analyzes the actions of the Working Group on Comprehensive Sexuality Education and Training (GTEISyC), operating within the second phase of the National Strategy for the Prevention of Adolescent Pregnancy (ENAPEA). Through a qualitative approach using document review and semi-structured interviews, the study examined the group’s strategies and inter-institutional coordination in institutionalizing CSE as a public policy. Findings indicate notable progress at the normative and curricular levels, including the integration of CSE content into the New Mexican School curriculum and free textbooks. The GTEISyC has proven to be an effective mechanism for inter-agency coordination, fostering collaboration among government bodies, academia, and civil society organizations to promote teacher training and specialized programs. The adolescent fertility rate decreased by 16.7% between 2015 and 2023, a trend consistent with the expected benefits of effective CSE. However, structural obstacles persist, including a gap between curriculum and classroom practice, insufficient teacher training, and cultural resistance in highly marginalized and rural communities. Efforts remain fragmented, and a lack of specific, unified messaging tailored to diverse contexts is evident. A critical issue is budget deficiency: despite the economic burden of adolescent pregnancy (estimated at 63 billion pesos annually), the budget for maternal, sexual, and reproductive health decreased by 35.7% from 2022 to 2023. Additionally, current evaluation systems are inconsistent, hindering the accurate measurement of CSE’s quality and real impact. In conclusion, while Mexico has made important strides in institutionalizing CSE, its effective implementation requires strengthening teacher training, securing adequate funding, improving monitoring and evaluation mechanisms, and adapting content to local realities. This study argues that CSE must be understood not only as an educational mandate but as a key public health policy and a crucial strategy for promoting equity and human rights for NNA in the country.