Political institutions, policymaking processes, and policy outcomes in Mexico

Abstract

This paper uses a transaction-costs framework to link the policymaking process (PMP) and the outer features of public policies in Mexico. During the heyday of the PRI, a highly secret PMP centralized around the presidency fashioned nationalist policies that were adaptable, coordinated, and private regarding for the urban-based corporatist pillars of the regime. The paper explains how unified government and the corporatist control of the economy made a constitutionally weak president the envy of executives around the world, even at the cost of being unable to enact reforms with short-term costs for corporatist groups. The crisis of the early 1980s triggered radical but gradual changes in the PMP. Democratization in the 1990s has constructed a less centralized and more open PMP that benefits larger shares of the population. As the separation of powers of the 1917 constitution comes alive, policymaking is increasingly wedded to the status quo. On the one hand, divided government has preserved a macroeconomic framework consistent with an open economy. On the other hand, checks and balances are permitting old and new parties and interest groups to veto agreements on key reform areas such as fiscal policy, private investments in energy, and a number of second generation reforms.

Este documento utiliza el enfoque de los costos de transacción para explicar la relación entre el proceso de formulación de políticas públicas (PMP, por sus siglas en inglés) en México y las características resultantes de dichas políticas. Durante la hegemonía del PRI, un PMP discrecional y centralizado en torno al presidente dio lugar a políticas nacionalistas adaptables y coordinadas, pero que ofrecían beneficios particulares a grupos corporativos y urbanos. El gobierno unificado y el control corporativo de la economía resultaron en un presidente constitucionalmente débil, pero fuerte en la práctica, a costa de una incapacidad para impulsar reformas que afectaran a los pilares corporativos del regimen. La crisis de inicios de los ochenta obligó a una transformación gradual, tanto política como económica, del PMP. Durante los noventa, la democratización ha producido un PMP más decentralizado y abierto que beneficia a grupos más amplios de la población. Sin embargo, conforme la separación de poderes del diseño constitucional cobra vida, las políticas públicas están más atadas al statu quo. Por un lado, el gobierno dividido ha preservado la estabilidad macroeconómica y la disciplina fiscal propia de una economía abierta. Por otro lado, los pesos y contrapesos del PMP han permitido que nuevos y viejos actores con poder de veto, como partidos y grupos de interés, bloqueen reformas en áreas clave como la fiscal, energética así como otras reformas de segunda generación.