El auge de los asesinatos de mujeres: una historia sobre violencia criminal y capacidades del sistema de justicia

Abstract

Esta investigación busca explicar la variación subnacional en los asesinatos de mujeres con arma de fuego, a través de la competencia entre grupos de crimen organizado (GCO) y las capacidades de las fiscalías estatales. El argumento es que una mayor competencia entre GCO también intensifica la violencia de género, porque la violencia que estos grupos dirigen a las mujeres tiene una lógica que las establece como objetos-territorios prescindibles, en la que los GCO buscan demostrar poder. A la par, este efecto puede ser contrarrestado por las capacidades de las fiscalías estatales, específicamente estas instituciones pueden desincentivar estos delitos cuando tienen mayor poder e independencia formal. El análisis empírico emplea un modelo de regresión lineal (OLS) para los 32 estados de México (2006–2020); y dos estudios de caso -Guanajuato y Querétaro- con análisis documental. La disertación tiene dos hallazgos clave. Primero, una mayor competencia entre GCO se asocia con más homicidios de mujeres, específicamente a través de los siguientes mecanismos: (1) feminicidios íntimo-familiares, cuando el agresor es parte de un GCO; (2) motivación feminicida, las mujeres son asesinadas por ser vistas como propiedad del enemigo; (3) feminicidios por trata-tráfico de personas, violencia letal proveniente de la explotación sexual y laboral; y (4) feminicidios por adscripción a GCO, asesinatos motivados por las funciones de las mujeres dentro de una organización criminal, pero con violencia sexual. Segundo, las capacidades de las fiscalías también correlacionan con más homicidios de mujeres por medio de: (i) la distribución interna y desigual del presupuesto de la fiscalía fortalece la capacidad administrativa sin impacto en la justicia; (ii) hay pérdida de autonomía por concentración de poder, que genera ineficacia incluso en contextos con baja violencia criminal; y (iii) posible captura institucional, por autoridades vinculadas a GCO, que refuerza la impunidad, la violencia y la ausencia de justicia. Las líneas de investigación que se derivan de esta disertación son: el desarrollo de métricas robustas de competencia criminal e independencia de facto de las fiscalías; estudios comparativos en regiones con altos niveles de asesinato de mujeres; y estudios sobre las fiscalías especializadas en delitos de género.

This dissertation examines subnational variation in female homicides with firearms in Mexico, focusing on the role of organized crime group (OCG) competition and local prosecutorial capacities. It argues that high OCG competence amplifies gendered violence, because violence directed at women has a dispensable object-territory logic, in which members of OCG display power. In parallel, state prosecutorial institutions -with greater power and formal independence- have the potential to resolve high-impact crimes, including female homicides. The empirical approach employs a mixed-methods design, combining longitudinal OLS regression across Mexico’s states (2006–2020) with two most-similar case studies (Guanajuato and Querétaro), using document analysis to uncover mechanisms. The text highlights two key findings. First, more female homicides are associated with more OCG competence, specifically by four gendered homicide patterns: (1) femicides by intimate partners or family member affiliated with OCGs; (2) femicide motivation, where rivals target women as rivals’ proxies; (3) human trafficking femicides, lethal violence as a culmination of sexual and labor exploitation; and (4) femicides tied to women’s roles within OCGs, however coupled with sexual violence. Second, capacities of local prosecutorial institutions also correlate with more female homicides through three mechanisms: (i) internal budget inequalities foster administrative capacity without justice; (ii) autonomy is compromised by power centralization, generating inefficacy even in low-crime states; and (iii) institutional capture by OCG-linked authorities perpetuates lack of justice, impunity, and escalates violence. The study recommends future research using more robust metrics for OCG competence and prosecutorial de facto independence, comparative case studies in high-feminicide regions, and evaluations of gender-focused justice departments. It proposes subnational and cross-national studies to assess the efficacy, efficiency, and effectiveness of prosecutorial institutions in addressing gender-based violence.