¿Descentralización o control? Un análisis crítico a la teoría causal del ramo 33: el caso FAIS, FASP, FASSA Y FONE

Abstract

A lo largo de los últimos cuarenta años, el modelo federalista mexicano ha transitado por diversas prioridades de desarrollo, modificando la relación entre el centro y los gobiernos estatales, así como la concepción de cómo proveer a la población los servicios esenciales de educación, salud, desarrollo social y seguridad pública. Estas modificaciones han representado desafíos para las entidades federativas, limitando su capacidad para desarrollar recursos administrativos y técnicos, así como su capacidad de toma de decisiones en la hechura de políticas públicas. Uno de los mecanismos clave para la provisión de estos servicios desde los gobiernos estatales es el Ramo 33, diseñado para nivelar las capacidades de los estados y proveer una fuente de financiamiento para su provisión. Sin embargo, el análisis de las asignaciones presupuestarias del periodo 2018-2026 evidencia una desconexión entre el objetivo, los instrumentos invocados y los comportamientos esperados. En lugar de incentivar la nivelación de capacidades de los gobiernos estatales, genera situaciones que, incluso antes de la implementación de las políticas públicas, pueden debilitar su efectividad, tales como rigideces en la aplicación de los recursos, dependencia financiera y una restringida capacidad de toma de decisiones en la hechura de políticas públicas. El presente estudio concluye que los instrumentos actuales no contribuyen al logro del objetivo; por el contrario, activan situaciones que lo dificultan, como rigideces presupuestarias y la reducción de espacios de decisión en sus propios territorios. Resultados que el PEF 2026 parece dar continuidad, e incluso exacerbar.

Over the last forty years, the Mexican federalist model has transitioned through various development priorities, modifying the relationship between the central government and the states, as well as the approach to providing essential services such as education, health, social development, and public safety. These modifications have posed significant challenges for federal entities, limiting their capacity to develop administrative and technical resources, as well as their decision-making capacity in the formulation of public policies. One of the key mechanisms for providing these services through state governments is Branch 33, designed to level the capacities of the states and provide a stable source of financing for their provision. However, an analysis of budget allocations for the 2018–2026 period reveals a disconnection between the stated objective, the instruments invoked, and the expected behaviors. Instead of incentivizing the leveling of state government capacities, the current framework triggers situations that—even before policies are implemented—weaken their effectiveness, such as rigidities in the application of resources, financial dependency, and a restricted decision-making capacity in policy-making. The present study concludes that current instruments do not contribute to achieving the intended objective; on the contrary, they activate situations that hinder it, including budgetary rigidities and the reduction of decision-making spaces within state territories. These results appear to be sustained, and even exacerbated, by the 2026 Federal Expenditure Budget (PEF).