Las capacidades administrativas y la gobernanza criminal en México

Abstract

En 2020, el mundo se enfrentó a la pandemia de Covid-19 y sus efectos en la salud y la economía. México no fue la excepción a esta situación. Durante los meses de abril a mayo la mayoría de las actividades económicas se detuvieron y un porcentaje importante de la población se quedó en casa. En estos meses, además, por medio de los medios de comunicación y las redes sociales, pudimos observar a los grupos criminales entregar bienes de consumo, particularmente despensas, en diferentes municipios del país. Estas acciones, más que una labor altruista, pueden ser entendidas dentro de la lógica de la gobernanza criminal, como un control social que el crimen organizado estableció en ciertos territorios del país para buscar legitimidad y, a la vez, demostrar su presencia frente a otros grupos criminales. Ante esta situación mi pregunta de investigación fue si las capacidades administrativas de los municipios afectaron de alguna forma las acciones que el crimen organizado realizó. Para mi investigación realicé una revisión hemerográfica y registré 91 entregas por parte del crimen organizado, en 75 municipios de 16 entidades del país, a lo largo de 2020. En segundo lugar, realicé un modelo de máxima verosimilitud por medio de una regresión logística de eventos raros para analizar qué capacidades administrativas podían afectar o ser más atractivas para las entregas que los grupos criminales hicieron. A partir de este análisis pude establecer que las capacidades analíticas de los municipios son las más importantes para comprender el tipo de control que los grupos criminales establecen en los municipios. En este sentido, las capacidades relacionadas con los recursos financieros son las más importantes. Esto explica que la mayoría de los municipios en los que se registró una entrega fue en municipios metropolitanos, pues son las grandes ciudades las que cuentan con mayores capacidades administrativas, entre ellas más recursos financieros y mayor independencia para ejercer su presupuesto. Este estudio lo que nos revela es una paradójica vulnerabilidad de los municipios con mayores capacidades administrativas a ser capturados por grupos criminales, en tanto son más atractivos para estos grupos.

In 2020, the world faced the Covid-19 pandemic and its effects on health and the economy. Mexico was no exception to this situation. From April to May most of the economic activities stopped and a significant percentage of the population stayed at home. Furthermore, during these months, through the media and social networks, we were able to observe criminal groups delivering consumer goods, particularly pantries, in different municipalities of the country. These actions, more than altruistic work, can be understood within the logic of criminal governance, as a social control that organized crime established in certain territories of the country to seek legitimacy and, at the same time, demonstrate its presence in front of other criminal groups. Given this situation, my research question was whether the administrative capacities of the municipalities affected in any way the actions carried out by organized crime. For my investigation, I brought off in the first place a hemerographic review and registered 91 deliveries by organized crime, in 75 municipalities of 16 entities of the country, throughout 2020. Secondly, I made a maximum authenticity model through a rare events logistic regression that allowed me to analyze what administrative capabilities could affect or be more attractive for the deliveries that criminal groups made. From this analysis I was able to establish that the analytical capacities of the municipalities are of major importance to understand the type of control that criminal groups establish in the municipalities. In this sense, capacities related to financial resources are considerable. This explains that most of the municipalities in which a delivery was registered were in metropolitan municipalities, since it is the large cities that have greater administrative capacities, including more financial resources and greater independence to exercise their budget. What this study reveals is a paradoxical vulnerability of municipalities with greater administrative capacities to be captured by criminal groups, while they are more attractive to these groups.